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Sábado, 18 de agosto de 2018
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Manuel Lezertua

Más sensibilidad al resolver cuestiones relativas a prestaciones sociales

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En numerosas intervenciones, reuniones y expedientes de queja, el Ararteko se ha visto obligado a poner de manifiesto ante Lanbide, Servicio vasco de Empleo, su seria discrepancia con determinadas interpretación excesivamente restrictivas o carentes de base legal suficiente tal y como las aplica esta agencia cuando aplica la normativa relativa a los requisitos para el acceso a las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). También hemos cuestionado el fundamento legal en el que en ocasiones se apoyan las decisiones de Lanbide a la hora de exigir la devolución de prestaciones previamente concedidas a los beneficiarios.

 

En este contexto, hemos creído indispensable recordar a Lanbide .que las personas perceptoras de prestaciones de RGI y PCV son personas que padecen graves dificultades sociales, se hallan en situación de vulnerabilidad y sufren procesos de exclusión social. En nuestra opinión, las decisiones de denegación, suspensión, extinción o devolución de prestaciones deben ser extremadamente respetuosas con el ordenamiento jurídico y deben cumplir escrupulosamente con las garantías jurídicas previstas para las relaciones de las personas con las administraciones públicas y con las normas de procedimiento. Se trata, simplemente, de reconocer que la Administración Pública está tratando, cuando aborda este tipo de casos, con personas y familias, en muchos casos con niños y niñas a su cargo, que no disponen de asesoría jurídica o social y que, por ende, no se hallan en condiciones de poder hacer frente a sus necesidades más básicas. Por ello al resolver cuestiones relativas a la RGI o de PCV – y a otras prestaciones de naturaleza social básica - las administraciones públicas deben actuar con exquisito esmero jurídico y alta sensibilidad social.

 

Merece la pena mencionar por el interés que reviste, la intervención del Ararteko relativa a la conocida utilización, por parte del personal de Lanbide, de un documento que establece los criterios de gestión de las prestaciones, con el objeto de facilitar la interpretación de la normativa reguladora. Desde nuestra perspectiva, algunos de dichos criterios, no se ajustan adecuadamente a las previsiones legales. Además, la ausencia de publicidad sobre su contenido priva a los potenciales beneficiarios de la orientación y asesoramiento adecuados (por parte de colectivos sociales o bien por parte de los servicios de intervención social de personas en riesgo de exclusión), siendo así que la obtención de estas prestaciones económicas es un instrumento clave para evitar o paliar la situación de exclusión social.

 

En consecuencia, decidimos iniciar una actuación de oficio en la que ponía de relieve que muchas personas a título individual pero también servicios de asesoramiento sociales municipales y organizaciones sociales y asociativas le estaban sometiendo quejas por la falta de transparencia que implicaba la no publicación del documento de criterios al que aludimos. En las recomendaciones subrayábamos la posibilidad de difundir de algún modo el contenido del documento; la necesidad de proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008 tras las reformas introducidas por la Ley 4/2011 en cumplimiento de su Disposición Final (actualización de los decretos 2/2010 y 147/2010) y la posibilidad de configurar el documento de criterios como una Orden del Consejero del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, haciéndolo público y accesible a la ciudadanía

 

Recientemente, Lanbide nos ha comunicado el compromiso de redacción de una “Orden del Consejero de Empleo y Políticas Sociales o Resolución del Director General de Lanbide, así como de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento tanto de los posibles usuarios del Sistema Vasco de Inclusión Social o beneficiarios de sus prestaciones como de cualquier operador o interesado en dicho Sistema”.

 

Añade esta Agencia que se dispone a iniciar un proceso de mejora de gestión de las prestaciones que incluye la adecuación de la normativa y de las aplicaciones informáticas. Esta postura fue ratificada en una reciente reunión que el Ararteko ha mantenido con el Consejero de Empleo y Políticas Sociales.

 

Un paso acertado en la buena dirección, sin duda, tal y como requeríamos.

 

Merece la pena mencionar, además, otra intervención que afecta a los procedimientos de reclamación de prestaciones percibidas de manera indebida. El Ararteko viene recomendando a Lanbide que lleve a cabo determinadas actuaciones en la reclamación de cantidades que se hubieren percibido de manera indebida en virtud de la normativa sobre Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. Hay que referirse, en este sentido, Resolución, de 22 de diciembre de 2015.

 

Es cierto que Lanbide ha iniciado numerosos procedimientos de reclamación de prestaciones sociales por abono indebido. Se trata en algunos casos de cantidades muy elevadas, por lo que nos hemos visto obligados a señalar las carencias que la normativa actual presenta con relación a las causas que motivan la suspensión y extinción de prestaciones y las consecuencias que de las mismas se derivan.

 

Hemos advertido a Lanbide que los procedimientos de reclamación de pagos indebidos no tiene un sustento normativo claro para acordar la devolución de cantidades de la manera en que está procediendo. En los casos en los que el beneficiario cumple con los requisitos para ser titular de prestaciones y el pago indebido es el resultado por el incumplimiento de una obligación, que ha motivado luego la suspensión o extinción de las prestaciones, la reclamación de las cantidades percibidas supuestamente en exceso parece desproporcionada. Y ello porque la reclamación de cantidades no es, en tales casos, la única consecuencia sufrida por el beneficiario ya que además, al mismo tiempo, se interrumpe el abono de la prestación durante un tiempo.

 

Por otro lado, no hay una previsión normativa clara que sustente que las cantidades que se han abonado durante el periodo reclamado son indebidas, ni que regule la revisión de la concesión de las prestaciones como acto declarativo de derechos. También hemos hecho llegar a Lanbide la importancia que el Ararteko atribuye a la comunicación a las personas de la información detallada del origen, motivos, y conceptos de la cantidad que se reclama, y la necesidad de que se acuerde el fraccionamiento de la deuda teniendo en cuenta la limitada capacidad económica de la persona. En este último caso también, hay que felicitarse de que Lanbide haya sido receptivo una vez más a nuestra recomendación y haya acordado un procedimiento de devolución de las cantidades adeudadas, más adecuado a las dificultades que sufren estas personas, incluyendo fraccionamientos y topes máximos.

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