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Elsa Fuente

El interés superior del niño

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Uno de los “principios fundamentales” de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 es el interés superior del niño que, junto al principio de la no discriminación, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño y la niña sustentan todos los demás derechos de la infancia. El interés superior del niño y la niña debe ser una “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que atañen a la infancia.

 

La CDN establece los derechos que es preciso convertir en realidad para que los niños y niñas desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa del hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos. Refleja una nueva visión sobre la infancia. Los niños y niñas no son propiedad de sus familias, ni tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y son también los titulares de sus propios derechos. La Convención ofrece una visión del niño y la niña como individuo y como miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo.

 

Hablamos de derechos, de deberes y de responsabilidades que no conocen fronteras, porque la atención de la infancia no entiende de territorialidad. Al reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la CDN deja muy clara la idea de que una calidad básica de vida debe ser el derecho de todos los niños y niñas, en lugar de un privilegio que disfrutan solamente unos cuantos.

 

A pesar de la existencia de toda esta serie de derechos, los niños y las niñas sufren a causa de la pobreza, la falta de hogar, los malos tratos, el abandono, las enfermedades que se pueden prevenir, la desigualdad en el acceso a la educación y la existencia de sistemas de justicia que no reconocen sus necesidades especiales. Estos son problemas que ocurren tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en desarrollo.

 

La ratificación casi universal de la CDN refleja el compromiso del mundo con los principios que sustentan los derechos de la infancia. Al ratificar la CDN, los gobiernos indican su intención de convertir en realidad este compromiso. Los Estados parte están obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que pongan plenamente en práctica la CDN, y deben asegurar que todas las medidas se tomen en consonancia con el interés superior del niño y la niña.

 

Aunque la CDN está dirigida a los gobiernos como representantes del pueblo, en realidad se refiere a las responsabilidades de todos los miembros de la sociedad. En general, sólo es posible convertir estas normas en realidad cuando todo el mundo las respeta −los padres y madres, y los miembros de la familia y de la comunidad; los profesionales y otras personas que trabajan en las escuelas, en otras instituciones públicas y privadas, al servicio de la infancia, en los juzgados y a todos los niveles del gobierno— y cuando todos y cada uno de nosotros y nosotras llevemos a cabo nuestras funciones con respecto a estas normas.

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