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Jueves, 13 de diciembre de 2018
Última actualización: Miércoles, 12 de diciembre de 2018 21:47
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Fernando Fantova

Servicios sociales y economía solidaria: cuidar(nos en) el territorio

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El capitalismo informacional tiene gran capacidad para deslocalizar, desterritorializar y desmaterializar procesos y activos pero los seres humanos de carne y hueso seguimos necesitando respirar, alimentarnos, desplazarnos, cuidarnos, abrazarnos y reconocernos físicamente, ubicados en determinados entornos geográficos. Mientras segmentos sociales acomodados (más allá del famoso 1%) están cada día más desapegados del suelo, los procesos de precarización y exclusión laboral, residencial y económica generan desplazamientos forzados, hacinamiento urbano, contaminación ambiental o despoblación rural.

En este contexto, la dimensión territorial y ambiental adquiere centralidad en la lucha de clases y el conflicto social. Y cada persona, cada grupo, cada organización y cada institución se ve confrontada ante la pregunta sobre su contribución para hacer materialmente posible o imposible la vida diaria y cotidiana de las personas que están en cada barrio y en cada pueblo o que llegan a establecerse en ellos. Especialmente la de las mayorías sociales con menor capacidad de despegarse de la tierra, con mayor dificultad de cambiar de territorio, por limitaciones funcionales, económicas o de otros tipos.

Sin embargo, quizá en la conciencia acerca de esa fragilidad compartida por más y más personas podamos encontrar, justamente, una oportunidad para el encuentro transformador. Es lo que nos enseña la economía solidaria que nos habla del kilómetro cero, que promueve el fortalecimiento de transacciones de proximidad para que nuestras vidas y territorios sean más sostenibles, menos dependientes, más eficientes y menos vulnerables. También, ciertamente, ante la eventualidad de un colapso financiero, económico, ambiental, militar, sanitario, político o de otra índole, a menor o mayor escala.

Por todo ello, nuestros servicios sociales se ven invitados a superar sus tendencias excluyentes y punitivas y sus prácticas de clasificación de personas para segregarlas de sus comunidades y, más bien, se les pide desarrollar y extender modelos de política, organización e intervención social que favorezcan la autonomía funcional y las relaciones comunitarias de todas las personas (diversas sexualmente, generacionalmente, funcionalmente y culturalmente) en unos territorios rurales y urbanos a cuya sostenibilidad relacional, laboral y material deben contribuir mucho más significativamente.

 

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