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Redacción
Jueves, 11 de octubre de 2018

Dos defensoras de derechos humanos de Honduras y Colombia, acogidas en el Programa de Protección Temporal de Euskadi

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Danelly Estupiñán Valencia, miembro del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura (Colombia) y Nohemí Esther Pérez Borjas, integrante del Comité de familiares de detenidos y desaparecidos en Honduras, participan este año en el Programa de Protección Temporal del Gobierno Vasco.

Este proyecto, liderado por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y gestionado por CEAR-Euskadi, cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa es proteger a defensores de derechos humanos que vean amenazada su vida o integridad física por la actividad que desarrollan en sus países de origen en defensa de la vida y la justicia social. Con ese fin, se ofrece a estas personas una acogida de seis meses en Euskadi.

Durante su estancia en el País Vasco se desarrolla una agenda política con diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales, con el fin de ampliar y fortalecer las redes internaciones de apoyo.

REDES DE PROTECCIÓN

Estas redes generan un sistema de protección que garantiza
el retorno a su país de origen en condiciones de mayor seguridad y la continuación de su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Danelly Estupiñan Valencia integra desde hace 18 años la dinámica organizativa del PCN, en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Socióloga de formación, se ha destacado por realizar investigaciones locales sobre los impactos (sociales, económicos, ambientales y culturales) de la dinámica económica portuaria en Buenaventura.

Desde 2009 acompaña a las comunidades afrourbanas de Buenaventura en procesos de incidencia para la reivindicación de derechos territoriales en zonas urbanas. Además, es fundadora de la Asociación
de terrenos ganados al mar.

PRESECUCIÓN

Danelly Estupiñan ha sufrido amenazas, persecuciones e intimidaciones desde 2015, año en el que realizó la primera investigación donde desveló los impactos de empresas portuarias en
la vida cotidiana y los derechos colectivos de los habitantes de Buenaventura.

Nohemí Esther Pérez Borjas es miembro de Comité de familiares de detenidos y desaparecidos en Honduras (COFADEH). Inició su activismo tras la desaparición forzada de su hermano en la década de 1980, en el marco de la doctrina de seguridad nacional implementada por EEUU en Honduras.

Además, realiza acompañamiento a familiares de víctimas de la violencia política estatal. Desde 1982 coordina el plantón por la verdad y la justicia, que se realiza cada mes en Tegucigalpa. Es impulsora de la conservación de la memoria histórica como
un hecho de "resistencia al olvido" de las cientos de víctimas de la violencia política estatal. En 2009 fue beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

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