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Sábado, 22 de septiembre de 2018
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Mikel Noval

Nos jugamos el nivel de ingresos mínimos garantizados en nuestro país, por Mikel Noval

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[Img #18128]Tener un sistema de prestaciones sociales adecuado es un elemento esencial para la cohesión social. Este sistema de prestaciones debería ser uno de los pilares del compromiso colectivo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cada vez más amplios.


Pero la realidad es que las prestaciones sociales existentes en la CAPV son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población. El propio Gobierno Vasco reconoce que el 30,7% de la población en situación de pobreza real no accede a la RGI. Además, la cuantía de la RGI ha sido sometida a diversos recortes en los últimos años, quedando casi un 15% por debajo de lo que resultaría de aplicarse lo aprobado en la Ley de 2008.
Respecto al sistema de prestaciones sociales existen en este momento dos alternativas absolutamente contrapuestas. Una es la de la proposición de Ley de los partidos que apoyan al Gobierno Vasco, que es una propuesta deplorable: recorta las posibilidades de acceder a la RGI; desvincula la cuantía de la misma del Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un fuerte retroceso respecto a lo recogido en la Ley de 2008; traslada a la ley los criterios restrictivos que ha denunciado reiteradamente el Ararteko; abre la posibilidad de nuevos recortes de todo tipo vía reglamento, y avanza en la estigmatización de las personas en desempleo y de quienes perciben la RGI al imponer la huella digital. Todo ello con el único fin de controlar el gasto y perseguir a las personas perceptoras.


Esta proposición de Ley se ha presentado justo tres días después de que la Mesa del Parlamento Vasco admitiese a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Pobreza y la Exclusión Social presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. La ILP propone reformar la Renta de Garantía de Ingresos mejorando su cuantía y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos de la posibilidad de acceso a la misma, hacer que las Ayudas de Emergencia Social sean un derecho no supeditado a la existencia de crédito presupuestario, y que el derecho a la ocupación de una vivienda de alquiler social sea real y efectivo.


Por tanto, estamos en un momento clave. Nos estamos jugando el futuro en una cuestión básica, que es la de qué nivel de ingresos mínimos queremos tener garantizados en nuestra sociedad, y quién puede tener acceso a ellos. Hay que optar entre mejorar, como propone la ILP, o la vía del recorte del Gobierno Vasco, PNV y PSE.
Por la gravedad de la materia y siendo conscientes de que, como hemos dicho, nos encontramos en un momento clave, hoy más que nunca es necesaria la movilización social, la propuesta, la alternativa real, que existe y está en la calle. Si queremos tener una Euskal Herria que merezca la pena tenemos que garantizar a todas las personas su derecho a tener una vida que merezca la pena ser vivida, y para ello hay que mejorar el sistema de prestaciones sociales. Hay dinero, solo falta voluntad política.

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