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Joseba Zalakain

Recuperar el consenso en torno a la RGI, por Joseba Zalakain

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[Img #18109]La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ya forma parte –como Osakidetza, EITB, la escuela pública vasca o la Ertzantza− de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma. Parte esencial de un modelo de país y, pese a todo, sujeta al debate técnico, político y social. La presentación por parte del PNV y del PSE de una propuesta para la reforma de la actual Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social debería ser entenderse como una oportunidad para renovar y actualizar el consenso político y social sobre esa prestación y sobre el conjunto de las políticas contra la pobreza y la desigualdad.

 

En este breve artículo se proponen media docena de ideas que sería, desde mi perspectiva, conveniente tener en cuenta durante el proceso de debate que se avecina.

 

Simplificar el sistema, clarificar las condiciones. El contexto demográfico, social y económico en el que estamos ya inmersos hace imprescindible contar con un sistema estructural de garantía de ingresos, que permita responder con agilidad, rapidez y flexibilidad a las múltiples situaciones y cambios que se dan en la vida de las personas en lo que se refiere a su situación laboral y convivencial. La frontera entre el empleo y el desempleo ha dejado de ser nítida. Las casuísticas personales son múltiples, difíciles de prever en la normativa. Ello obliga a que las normas que regulan el acceso y la percepción de la RGI sean pocas y claras. Acumular condiciones y requisitos puede contribuir a reducir la factura económica de la RGI, pero tiene consecuencias negativas para la eficacia, la credibilidad y la legitimidad del sistema: restringe el acceso a la prestación a personas que realmente la necesitan, convierte su percepción en una carrera de obstáculos, complica la gestión, genera agravios, multiplica el descontento de unos y otros y, en definitiva, deslegitima el sistema a ojos de la ciudadanía.

 

Ajustar las expectativas. Hay que decir, al mismo tiempo, que las prestaciones de garantía de ingresos están diseñadas para actuar como última red de seguridad para la población asentada en un territorio determinado. Pedir que cumplan otra función, a la postre, compromete su viabilidad y legitimidad. Están pensadas para prevenir procesos de cronificación en la pobreza y la exclusión, pero no pueden –por sí solas− erradicar toda situación de ausencia de bienestar, dar respuesta a toda crisis humanitaria fuera de nuestras fronteras o producir transformaciones socioeconómicas que deben darse en otros ámbitos.

 

Trabajar en otros frentes: inversión social y predistribución. Hay dos formas de mantener la pobreza y la desigualdad bajo control: la primera consiste en que el mercado laboral genere niveles reducidos de pobreza; la segunda en reducir mediante transferencias económicas redistributivas la pobreza que general el mercado de trabajo, vía desempleo, precariedad y bajos salarios. Los países que obtienen mejores resultados en cuanto a la prevención de la pobreza trabajan en ambos frentes: la predistribución y la redistribución. Ello exige, entre otros, contar con un sistema productivo sólido, que no genere pobreza y que permita financiar las políticas redistributivas. Una de las claves que explica las reducidas tasas de pobreza vasca es precisamente esa: el mercado laboral, en comparación con otros territorios, genera tasas de pobreza relativamente bajas. Todo ello obliga a pensar que la voluntad política es imprescindible para mantener un sistema amplio de garantía de ingresos, pero no es por sí sola suficiente. Por mucho que se quiera, no se puede construir un modelo de garantía de ingresos sólido en un modelo productivo precario.

 

Buscar acuerdos, ocupar el cauce central. De cara al debate que se avecina, es conveniente también insistir en la necesidad de tener la voluntad de llegar a acuerdos. El debate sobre la RGI se presta a la sobreactuación y al maximalismo. Lo que en este debate se necesita, sin embargo, es pragmatismo: voluntad de llegar a acuerdos –al margen de intereses electorales− que mantengan el grueso del sistema y, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, lo mejoren en la medida de lo posible. Hay sin duda sectores sociales y políticos interesados en desmantelar la RGI y el resto de las políticas sociales en Euskadi. El reto de quienes quieren mantenerlas es el de buscar acuerdos, evitar fracturas y ocupar el cauce central de la sociedad, favorable en líneas generales al sistema que hasta ahora hemos tenido. La experiencia navarra –donde una mayoría parlamentaria formada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda / Ezkerra aprobó una renta garantizada similar a nuestra RGI− es en ese sentido un modelo a seguir.  

 

 

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