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Mari Ángeles Díez y Carlos Askunze

RGI, derechos sociales y cambio socio-económico, Mari Ángeles Díez y Carlos Askunze

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[Img #18041]Durante el último año se ha abierto un intenso debate sobre la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en nuestra Comunidad Autónoma. La postura de REAS Euskadi ante las polémicas y discusiones suscitadas siempre ha sido clara. Defendemos la necesidad de reforzar la RGI en el marco de la defensa de los derechos sociales, especialmente del derecho a unos ingresos no condicionados y suficientes para una vida digna que permitan el desarrollo de todos los derechos de ciudadanía y participación social, así como el reforzamiento, más necesario que nunca, de un sistema vasco de protección social universal, inclusivo y de calidad. En consecuencia, rechazamos los cambios que se han venido produciendo en forma de reformas parciales, cambios que solo han supuesto recortes y restricciones: el endurecimiento de las condiciones de acceso, importantes recortes de su cobertura y de la cuantía de las prestaciones y el aumento de las trabas burocráticas para su tramitación, por señalar algunos de los más importantes. Además, no creemos que el nuevo proyecto de ley recientemente presentado en el Parlamento Vasco suponga un cambio en esta tendencia, ni siente las bases para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

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Pero también pensamos que es urgente e imprescindible abordar un debate más amplio en torno a las conexiones que existen o debieran existir (o no) entre derechos sociales, empleo y economía. La pérdida de la centralidad que el empleo ha tenido, y va a continuar teniendo, tanto en el desarrollo del capitalismo neoliberal como en los llamados estados de bienestar es un hecho, hoy en día, comúnmente reconocido, aunque con matices diversos. El aumento del desempleo, la generalización de la precariedad y el fenómeno de las personas trabajadoras pobres, las desigualdades laborales entre trabajos y entre personas, entre mujeres y hombres, y la cada vez más complicada vinculación entre el empleo y las prestaciones sociales (como las pensiones), son solo algunos de los rasgos que presenta la crisis actual en torno al empleo. Este es un debate que, afortunadamente, está ya presente en nuestras calles. Baste recordar las reivindicaciones feministas del pasado 8 de Marzo o las manifestaciones de los últimos meses de las y los pensionistas.

 

El cuestionamiento del papel del empleo en nuestras sociedades debe conducirnos a proponer cambios importantes que nos permitan transitar hacia un modelo más justo, sostenible y democrático: nuevas formas de articulación de los derechos sociales no asociadas directamente al empleo, una nueva valoración social y económica de todos los trabajos (productivos y reproductivos) y un nuevo reparto, así como otros instrumentos para redistribuir la riqueza y financiar las prestaciones y servicios sociales. En definitiva, estamos poniendo en el centro del debate la necesidad de abordar una transformación en profundidad no solo, con ser importante, de la gestión y garantía de los derechos sociales, sino del propio modelo socio-económico en el que estos derechos se asientan.


Y aquí es donde creemos que la Economía Solidaria y las organizaciones de REAS Euskadi podemos realizar aportaciones significativas. Llevamos años defendiendo y construyendo desde nuestras prácticas una economía alternativa que transita hacia otras formas de vivir, de producir, de consumir…, formas condicionadas a la propia sostenibilidad de la vida y del planeta, donde las personas, y no los mercados, se sitúan en el centro de la organización económica y social, donde la economía adopta una función instrumental sujeta a las esferas democráticas de participación y decisión ciudadana. Y lo hacemos porque estamos convencidas de que solo así conseguiremos unas condiciones de vida dignas y sostenibles para todas y todos.

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