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Redacción
Martes, 12 de junio de 2018 | Noticia leída 16 veces

Stop Desahucios Euskadi reprocha al Gobierno Vasco que no dedica a la vivienda el presupuesto "necesario"

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La asociación Stop Desahucios Euskadi ha reprochado este lunes al Gobierno vasco que no dedica a la vivienda el presupuesto "necesario, ni en nuevo parque público, ni en rehabilitación, ni en movilización de vivienda vacía, ni en apoyo a las familias, que cada día tienen mas dificultades para pagar el alquiler o encontrar un alquiler accesible".

Stop Desahucios Euskadi se ha reunido con el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, con quien ha compartido la "gravedad" de la situación de la vivienda, el "insuficiente" parque de viviendas públicas de alquiler, la "escalada especulativa" en el mercado privado de alquileres y el aumento "preocupante" de los desahucios por alquiler en Euskadi.

En un comunicado, Stop Desahucios ha informado de que el Gobierno Vasco está "de acuerdo en aplicar el Dictamen de la ONU de junio de 2017, de tal forma que no haya ningún desalojo forzoso en Euskadi, de ningún colectivo vulnerable, sin previa alternativa habitacional".

Además, ha indicado que el Ejecutivo autonómico va a mantener una reunión con el CGPJ para conseguir que los Juzgados vascos informen a los ayuntamientos con suficiente antelación de todos los procedimientos que puedan acabar en desahucio. En cualquier caso, ambas partes han valorado positivamente cómo esta funcionando el protocolo antidesahucios en Alokabide.

El Gobierno Vasco tiene ya finalizado el Anteproyecto de Decreto del derecho subjetivo de vivienda, garantizando que no quedara fuera de su ámbito ninguno de los actuales perceptores de ayudas de vivienda
(PCV-AES), espera poder hacerlo público antes de agosto e informará directamente a Stop Desahucios de la contestación a las alegaciones formuladas el año pasado.

Además, Arriola ha trasladado a la asociación que ha contactado ya con el Ministerio de Fomento para que impulse la modificación de la LAU, en línea con la proposición de ley presentada por el PSOE y la Ley de Emergencia Habitacional presentada por varios grupos en nombre de la PAHs estatal; aumentar a cinco los años de contrato, limitar al IPC el aumento de los alquileres, y acotar fianzas y avales.

Ante el mantenimiento de varias discrepancias entre ambas partes, Stop Desahucios seguirá exigiendo, además del incremento presupuestario, que
la prestación económica de vivienda tenga en cuenta los ingresos de las familias y la renta de alquiler, fijando un máximo del 15% de los ingresos cuando estos sean inferiores al SMI, o un 30% en los demás casos.

Además, reclamará que se movilicen las viviendas vacías de Euskadi que pueden ser alquiladas, más de 35.000, mediante gravámenes y medidas fiscales, especialmente a las de los bancos, fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda.

Por último, pedirá que se tomen medidas efectivas contra la especulación, fijando precios de referencia máximos de alquiler por el Observatorio Vasco de Vivienda o ayuntamientos, y reformando la fiscalidad para frenar la escalada en las rentas de alquiler.

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