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Loli García

Nuestra identidad social será de consenso, o no será, por Loli García

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[Img #17986]CCOO de Euskadi realizó una primera valoración del documento de bases de mejora de la RGI que se debatió en el seno del Parlamento Vasco. El trabajo parlamentario ha derivado en un segundo documento, la proposición de ley que bajo el título “Para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión”, ha sido presentada a finales del mes pasado por los grupos parlamentarios del PNV y el PSE, socios en el actual Gobierno Vasco.

 

Tenemos que insistir en la importancia que para nuestra organización tiene el debate sobre el sistema de la RGI, y su mejora, en la medida en que debe seguir siendo parte fundamental de lo que hemos llamado, nuestra identidad social.

 

Como ante todo debate identitario creemos que una futurible aprobación de la norma que sustente la RGI, debe afrontarse en términos de pluralidad, transversalidad y mayorías amplias. Así, la cohesión social que debe propiciar un sistema de protección social como el vasco, merece el esfuerzo y, en su caso, el reproche, si la reforma planteada impide de facto, por algunos de los elementos que puede contener, los consensos reales y necesarios.

 

Nuestro punto de partida, y de contraste,  con respecto al contenido de los documentos presentados, es el necesario blindaje político y económico de la RGI, garantizando aspectos importantes como la universalidad de la prestación, una cuantía suficiente, la ligazón del derecho a las personas frente a la unidad convivencial o el propio prestigio de la RGI.

 

A falta de hacer un análisis más extenso del documento presentado, conociendo algunos de sus aspectos, entendemos que se dificulta mucho, tanto nuestro aval a la propuesta, como el necesario consenso al que hacíamos referencia al principio.

 

Si nos detenemos en un aspecto importante, como el de las cuantías, vemos que se opta por la creación de un indicador de gastos mínimos de Euskadi, que es, a la vez, referencia de la cuantías a percibir en las diferentes prestaciones, situándose en 455 euros. Además, esta cantidad se fijará anualmente a través de la ley de presupuestos.

 

Dicho indicador dice recoger “el valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente a las necesidades básicas comunes asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento independiente”.

 

A nuestro juicio, este indicador, carece de una base realista en el contexto actual (se queda ridículamente escaso si pretende visualizar el valor estimado al que hace referencia en la norma) y además,  su uso como referencia, tendrá como consecuencia que su revalorización dependerá del juego entre los departamentos y los acuerdos de gobierno, y no de las necesidades del sistema.

 

El uso de este indicador o la propuesta de limitar de forma generalizada a una RGI por unidad convivencial nos aleja de la idea, deseable a nuestro entender, de vincular la renta a las personas, poniendo en cuestión la consideración efectiva de derecho subjetivo de la Renta de Garantía de Ingresos.

 

Hay otros aspectos de la proposición de ley que merecen un análisis más detallado pero me gustaría insistir en algo que es fundamental para nosotras. Se trata de la urgente necesidad de prestigiar nuestro sistema ante los ataques recibidos que buscan erosionarlo, culpabilizando a las personas beneficiarias y amparándose en un fraude casi inexistente.

 

Entendemos que además de los aportes, que los tenemos y son públicos, con respecto a una norma que mejore la RGI, tenemos la responsabilidad y la necesidad, que debe ser compartida, de hacer pedagogía sobre los mecanismos de cobertura de los que nos dotamos para que las personas que peor lo pasan en nuestra sociedad puedan estar protegidas, desde lo público, sea con nuestros impuestos, sea con nuestras cotizaciones, o con ambas.

 

El concepto de contribuir para que otra persona pueda sostenerse, pueda subsistir, es importante fortalecerlo, explicarlo y difundirlo.

 

Debemos poner en  valor la contribución entre anónimos y anónimas por solidaridad y por nuestro propio interés, porque sabemos que los sistemas ganan su fortaleza en la medida en que la ciudadanía, potencial beneficiaria de su existencia,  los siente como propios.

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