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Redacción
Jueves, 31 de mayo de 2018

ELA acusa a PNV y PSE de querer "recortar derechos y estigmatizar" a los más desfavorecidos con su reforma de la RGI

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El sindicato ELA ha acusado a PNV y PSE-EE de querer recortar derechos y "estigmatizar" a los más desfavorecidos con la reforma que han planteado de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Por ello, cree que es necesaria la movilización social ante una iniciativa "deplorable" y ha pedido a las fuerzas progresistas una "posición firme" contra esta reforma del Gobierno Vasco, que, a su juicio, contará con el PP, su "aliado natural".

En una rueda de prensa en Bilbao ofrecida, entre otros, por el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, han analizado la proposición no de ley que estos partidos presentaron en abril para reformar la RGI justo tres días después de que la Mesa del Parlamento admitiese a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y la exclusión social presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

En su comparecencia, han señalado que, si el borrador para la reforma planteado por PNV y PSE-EE era "grave, restrictivo y limitador en derechos, la proposición de Ley lo es todavía más" y no se recogen las reflexiones realizadas por el sindicato u otras organizaciones que eran "viables, realistas y alcanzables".

ELA ha indicado que existe un consenso social sobre la necesidad de mejorar el sistema, pero la realidad es que ahora solo existen dos alternativas, la planteada por el Gobierno Vasco y "la de los demás".
"Estamos en un momento clave. Nos estamos jugando el futuro en una cuestión básica, que es la de qué nivel de ingresos mínimos queremos tener garantizados en nuestra sociedad, y quién puede tener acceso a ellos. Hay que optar entre mejorar, como propone la ILP, o la vía del recorte del Gobierno Vasco, PNV y PSE", ha añadido.

El sindicato ha señalado que la proposición de ley presentada plantea "seguir recortando derechos y estigmatizar aun más a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión social".

"Su propuesta limita aún más la opción de percibir la RGI y recorta las cuantías respecto a la ley de 2008, además, traslada a la ley los criterios restrictivos aplicados en los últimos años y abre la vía
a nuevos recortes vía reglamento", ha añadido.

"PROPAGANDA"

El secretario general de ELA ha señalado que el eslogan del Gobierno de que las personas son lo primero es "propaganda" y ha asegurado que la cohesión social se construye con herramientas distintas a la que se plantea con este proyecto.

Muñoz ha criticado que se haga recortes "a los que más están sufriendo" y ha manifestado que la cohesión social se construye defendiendo prestaciones y salario y "si baja uno, baja el otro".

El dirigente de ELA se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco contará con el PP para sacar adelante su esta reforma "brutal e injusta" porque es su "aliado". En este sentido, ha indicado que el acuerdo en torno a los PGE entre PNV y PP es un acuerdo de "legislatura" por el que el PNV garantiza estabilidad a las políticas del PP y al contrario. A su juicio, ambos partidos "se necesitan" y el PSE es un partido "dispuestos a colaborar para sacar adelante políticas neoliberales".

Muñoz, que ha recordado los "recortes" de Patxi López y de Iñigo Urkullu en la RGI, ha pedido a las fuerzas progresistas que "no se deslicen" y les ha hecho un llamamiento para que mantengan una "posición firme" de oposición a esta propuesta.

CONTENIDO DE LA REFORMA

En concreto, según ha destacado el sindicato, la propuesta del Gobierno reduce de dos a una el número máximo de RGIs concedidas en una vivienda, al margen del número de unidades convivenciales existentes en la misma, salvo algunas excepciones sujetas a un límite temporal de 24 meses.

Por otra parte, ha negado que se mejore la cuantía de la RGI y ha precisado que para una persona sola se sitúa en 659,75 euros a partir de 2019 (cifra similar a los actuales 644,49). Además, se elimina la referencia del Salario Mínimo Interprofesional recogida en la ley en vigor, lo que "en la práctica supone que se consolidan los recortes aprobados en las sucesivas leyes de presupuestos del Gobierno Vasco".

En el caso de los pensionistas que vivan solas, ELA ha señalado que la propuesta establece la RGI en 784,99 euros, 72 euros menos de lo que marca la Ley actual" aunque algo superior a la que existe en 2018. Sin embargo, el sindicato ha denunciado que eso no ocurre con la RGI en el caso de dos personas pensionistas, que "se congela respecto a la de 2018", quedando en 923,26 euros

Por otra parte, ha apuntado que la cuantía de la RGI se establecerá cada año en los presupuestos del Gobierno Vasco y que se establece una cantidad máxima de la RGI, que es de 1.228 euros, lo que conlleva "recortes de diverso tipo"

Por otro lado, ha denunciado un endurecimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación y ha indicado que solo se ha mejorado el relativo al empadronamiento con menores a cargo, que pasa de ser de 3 a 2 años, y la exención de las personas refugiadas de cumplir ese requisito.

Otra de las críticas al proyecto es por incorporar los llamados "coeficientes de implicación activa", que se establecerán para medir el grado de compromiso de inclusión de todas las personas miembros de la unidad de convivencia.

Por otra parte, se indica que "cesar voluntariamente de la actividad laboral, darse de baja voluntaria en el trabajo por cuenta ajena, ser despedido por causas disciplinarias, rechazar un empleo adecuado a la legislación vigente, o acogerse a una situación de excedencia laboral o reducción de jornada, sin causa justificada", dará lugar a la
suspensión de la prestación.

Ello conlleva, a su juicio, que las personas perceptoras de la RGI se vean obligadas a aceptar "cualquier empleo, cumpla o no con unos mínimos dignos, porque la alternativa es quedar fuera del sistema".

En este sentido, el secretario general de ELA ha manifestado que el objetivo de PNV y PSE es "forzar" a que la gente "acepte condiciones miserables y para ello bajan las prestaciones".

El sindicato ha criticado que las Ayudas de Emergencia Social siguen manteniendo su naturaleza subvencional y no sean "un derecho garantizado", sino que se condicionan a que haya presupuesto disponible.

Por otra parte, ha denunciado que se haya introducido la huella digital para la identificación de los usuarios, que, a su juicio, es una "inadmisible medida estigmatizadora" y "atenta contra la dignidad humana".

ELA ha indicado también que las prestaciones sociales son "insuficientes" para dar respuesta a la población y el propio Gobierno Vasco reconoce que el 30,7% de la población en situación de pobreza real no accede a la RGI.

"PROPOSICIÓN DEPLORABLE"

Por todo ello, considera que la proposición de Ley es "deplorable" y su único fin es "recortar el gasto y perseguir a las personas
perceptoras".

En este sentido, ELA ha solicitado que no se apruebe esta proposición de ley y que "se paralice de inmediato" el proceso puesto en marcha en algunas oficinas de Lanbide respecto a la huella digital.

Además, ha reclamado que se priorice la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Carta y admitida por la mesa del Parlamento Vasco porque "es la herramienta válida para la
mejora de la pobreza y exclusión social".

Asimismo, ELA defiende que "hoy más que nunca" es necesaria la
movilización social, "la propuesta, la alternativa real, que existe y está en la calle". No obstante, han precisado que el sindicato no convocará por su cuenta acciones de protesta sino que tiene que ser algo coordinado.

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