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Redacción
Martes, 13 de marzo de 2018

Artolazabal dice que la RGI es un sistema "con garantías en el control" donde el fraude y uso indebido no alcanza el 1%

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La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha afirmado este lunes que la Renta de Garantía de Ingresos constituye un sistema "con garantías en el control" donde "las rentas de inserción llegan a quienes de verdad las necesitan gracias a una correcta y detallada gestión", ya que el fraude y el uso indebido de la RGI que se ha detectado no alcanza el 1% de los casos.

Artolazabal ha comparecido este lunes ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento vasco, a petición de la parlamentaria del PP Laura Garrido, para informar sobre la actuación del grupo organizado pakistaní desarticulado por la Policía Nacional en Gipuzkoa, con el que decenas de compatriotas defraudaron en ayudas sociales, casi 3,8 millones a Lanbide y a la Diputación foral, según datos de la Policía Nacional.

La consejera ha explicado que el caso de los ciudadanos pakistaníes que falsificaron identidades y situaciones para cobrar la renta de garantía ha tenido como consecuencia el análisis de 626 expedientes y la suspensión de 240 expedientes que contenían un documento que la Policía Nacional ha comunicado al Gobierno que es falso, pero no ha querido dar una cifra sobre a cuánto podría ascender el fraude.

Según ha explicado, el Juzgado ha solicitado 45 copias de expedientes y se ha mostrado prudente a la hora de afirmar la posible ilegalidad de los expediente analizados porque "en anteriores años, hemos tenido ejemplos de suspensión de 90 expedientes por usar pasaportes falsos y antes de llegar al juicio se llegó a un acuerdo con la Fiscalía, y tuvimos que admitir los expedientes".

Artolazabal ha recordado que la gestión de la RGI "garantiza el cumplimiento de la normativa vigente por parte de más de 110.000 personas, agrupadas en 59.000 expedientes, a los que protege" y ha recordado que la concesión de la RGI está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos determinados por la normativa y, en caso de concesión, unas obligaciones estipuladas por Ley.

Según los datos facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales al Parlamento vasco el pasado mes de febrero, los casos de fraude de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) registrados en 2017 supusieron un 0,7% del total de ayudas concedidas, con 442 casos sobre un una cifra global de 60.405 perceptores. Además, en uno de cada cuatro casos en los que se suspendió la prestación, se acabó dando la razón a la persona afectada.

La titular de Políticas Sociales ha indicado que es tarea "imprescindible de Lanbide verificar el continuo cumplimiento de requisitos y obligaciones de sus beneficiarios" y ha señalado que para ello, cuenta con una sistemática de control y seguimiento basada, principalmente, en el intercambio de información con otras entidades a través de servicios de interoperabilidad.

Según Artolazabal, "el uso de los servicios de interoperabilidad, además de ser la base del sistema de control y seguimiento, evita la entrega de documentación para acreditar el cumplimiento de requisitos y obligaciones, con el doble objetivo de facilitar la gestión tanto para Lanbide como para la ciudadanía, y evita y detecta actuaciones fraudulentas".

La consejera ha destacado la importancia que la RGI tiene para "la cohesión y bienestar de nuestra sociedad", ya que "garantiza la protección a aquellas personas que se encuentran en una situación de precariedad económica y necesidad y, a la vez, supone una herramienta indispensable para su activación, siendo el sostén económico que permite el correcto desarrollo de los procesos de inserción".

No obstante, ha reconocido que "de la misma manera que es clara la necesidad de las medidas de apoyo para la inclusión, es igualmente necesario que se desarrollen una serie de medidas de gestión y control que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de ayudas". "Podemos afirmar con convicción que esas medidas existen y que, por tanto, la Renta de Garantía de Ingresos constituye un sistema con garantías en el control", ha subrayado.

Tras destacar que Lanbide cuenta con "una sistemática de control y seguimiento basada, principalmente, en el intercambio de información con otras entidades a través de servicios de interoperabilidad y la interlocución y colaboración con diferentes agentes", ha indicado que cuenta con tres niveles de control para evitar y detectar actuaciones "fraudulentas".

REVISIONES EN 2017

Artolazabal ha informado de que Lanbide ha incrementado "notablemente" el número de revisiones que realiza, pasando de 33.167 revisiones de expediente de RGI en 2012 a 132.106 revisiones en 2017. "Casi el 30% (39.500) se realizaron de oficio, es decir, como consecuencia directa de los diferentes procesos de control y seguimiento", ha destacado la consejera.

Respecto a los sistemas de interoperabilidad de intercambio de información con otras entidades, en el año 2017 en todo el Gobierno Vasco se han registrado 6,7 millones de trasmisiones de datos por interoperabilidad y Lanbide es responsable del 66,5% (4,46 millones) de ellas.

La consejera ha explicado que Lanbide también ha hecho un "esfuerzo" en la formación de su personal para que sea capaz de detectar posibles situaciones fraudulentas, así como la colaboración con las distintas fuerzas de seguridad --Policías locales, Ertzaintza y Policía Nacional-- para comprobar la veracidad de los datos del Padrón, así como para determinar la residencia efectiva o la composición de las unidades de convivencia, entre otros datos.

"Desde el inicio de la actual legislatura, pusimos en marcha, en el departamento y en Lanbide, una iniciativa para la incorporación de nuevas tecnologías que facilitarán la gestión a las personas que trabajan en el servicio y el control de expedientes y solicitudes para evitar irregularidades u otras situaciones extrañas", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que los controles biométricos y huella digital se pondrán en marcha este mes de marzo en varias oficinas y ha aclarado que este sistema busca "mejorar la gestión, no estigmatizar o impedir" el acceso al sistema a quienes lo necesitan. "Va a facilitar a trabajadores y usuarios el trabajo para acreditar identidades y dar validez a los documentos que se presentan", ha señalado.

LOS GRUPOS

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha señalado que cuando se conocen casos como el del la red de pakistaníes se pone de manifiesto que "los sistema de control son manifiestamente mejorables y se han demostrado insuficientes para detectar muchas de las situaciones de fraude, irregularidades o abusos que se han producido en relación con las ayudas sociales".

Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena ha pedido que se tenga cuidado a la hora de utilizar este tipo de casos, porque es necesario defender la cohesión social y la dignidad de los perceptores. Además, le ha dicho a la consejera que la adopción de medidas "estrictas" puede provocar que haya personas que se queden al margen del sistema.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guantxe ha pedido que no se caiga en "discursos criminalizadores" contra las personas en situación de pobreza y extranjeras, y ha pedido que "no se dé bombo mediático a un fraude tan poco significativo", porque, "sin quitar gravedad a la situación", ha señalado que "no hay necesidad de generar alarma social".

El parlamentario del PNV Jon Aiartza ha afirmado que este caso muestra que las medidas de control "existen" y que la RGI es un sistema "con garantía". En este sentido, también se ha pronunciado la parlamentaria socialista Gloria Sánchez afirmando que los mecanismos de control de Lanbide "funcionan" y ha destacado la coordinación "estrecha" que se mantiene con los cuerpos policiales para detectar las falsificaciones documentales.

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