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Redacción

Pobreza y exclusión en sociedades complejas

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Usando un trazo grueso, podría decirse que nuestros servicios sociales consisten, en buena medida, en oficinas municipales que dan ayudas económicas a personas o familias pobres y centros del tercer sector que atienden a miembros de diferentes colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Somos más que eso y queremos ser, cada vez más, algo diferente de eso; pero el imaginario social y político no está muy lejano del que acabamos de pintar con la brocha gorda y hemos de reconocer que algo de verdad contiene.

 

Sin embargo, con independencia de las valoraciones éticas o técnicas que cupiera hacer en sus orígenes acerca de ese encargo de la pobreza y la exclusión a los servicios sociales, parece bastante evidente que la complejidad que actualmente presentan nuestras sociedades convierte esa encomienda en una verdadera misión imposible. Y ello es así por el carácter crecientemente estructural, diversificado y reflexivo que presentan en estas sociedades las situaciones y trayectorias de pobreza económica y exclusión social.

 

Para bien o para mal (no es esa ahora la cuestión) ya no vivimos en aquella sociedad en la que la promesa universalizable de la capacidad inclusiva del empleo, de las familias y comunidades homogéneas y del aseguramiento público ante contingencias previsibles y tasables era creíble para amplias mayorías sociales. Hoy y aquí, ya sabemos que esos tres grandes vectores de bienestar material e inclusión social dejan estructuralmente fuera de su manto protector a importantes segmentos de población.

 

Por otra parte, la fragmentación sistémica de nuestras sociedades compone trayectorias de empobrecimiento y exclusión crecientemente diversificadas e impredecibles en sus factores de cambio. No es igual la familia desahuciada por no poder hacer frente a una hipoteca contratada hace cinco años que la que nunca alcanzó un mínimo estándar de estabilidad y calidad residencial. No corre la misma suerte la persona de setenta años con importantes limitaciones cognitivas que había sido diagnosticada de “deficiencia mental” a los diez años o la que lo ha sido de “demencia senil” a los sesenta.

 

Por último, los propios discursos y dispositivos que el Estado o, en general, la sociedad ha generado para dar respuesta a los riesgos y situaciones de pobreza y exclusión o para generar bienestar e inclusión, siendo más o menos eficaces, alteran, muchas veces de manera imprevista e indeseada, el pensamiento, los valores y los comportamientos de los diferentes actores sociales, incluidas las personas en riesgo o situación de pobreza y exclusión: actores reflexivos, compitiendo en viejas y nuevas arenas, por recursos limitados.

 

Ciertamente, en este contexto, no resulta sencillo saber cómo responder al reto de la pobreza y la exclusión. Lo que sí resulta fácil es adivinar que no se trata de un asunto del que, de forma exclusiva o especial, se puedan encargar los servicios sociales.

 

Usando un trazo grueso, podría decirse que nuestros servicios sociales consisten, en buena medida, en oficinas municipales que dan ayudas económicas a personas o familias pobres y centros del tercer sector que atienden a miembros de diferentes colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Somos más que eso y queremos ser, cada vez más, algo diferente de eso; pero el imaginario social y político no está muy lejano del que acabamos de pintar con la brocha gorda y hemos de reconocer que algo de verdad contiene.

 

Sin embargo, con independencia de las valoraciones éticas o técnicas que cupiera hacer en sus orígenes acerca de ese encargo de la pobreza y la exclusión a los servicios sociales, parece bastante evidente que la complejidad que actualmente presentan nuestras sociedades convierte esa encomienda en una verdadera misión imposible. Y ello es así por el carácter crecientemente estructural, diversificado y reflexivo que presentan en estas sociedades las situaciones y trayectorias de pobreza económica y exclusión social.

 

Para bien o para mal (no es esa ahora la cuestión) ya no vivimos en aquella sociedad en la que la promesa universalizable de la capacidad inclusiva del empleo, de las familias y comunidades homogéneas y del aseguramiento público ante contingencias previsibles y tasables era creíble para amplias mayorías sociales. Hoy y aquí, ya sabemos que esos tres grandes vectores de bienestar material e inclusión social dejan estructuralmente fuera de su manto protector a importantes segmentos de población.

 

Por otra parte, la fragmentación sistémica de nuestras sociedades compone trayectorias de empobrecimiento y exclusión crecientemente diversificadas e impredecibles en sus factores de cambio. No es igual la familia desahuciada por no poder hacer frente a una hipoteca contratada hace cinco años que la que nunca alcanzó un mínimo estándar de estabilidad y calidad residencial. No corre la misma suerte la persona de setenta años con importantes limitaciones cognitivas que había sido diagnosticada de “deficiencia mental” a los diez años o la que lo ha sido de “demencia senil” a los sesenta.

 

Por último, los propios discursos y dispositivos que el Estado o, en general, la sociedad ha generado para dar respuesta a los riesgos y situaciones de pobreza y exclusión o para generar bienestar e inclusión, siendo más o menos eficaces, alteran, muchas veces de manera imprevista e indeseada, el pensamiento, los valores y los comportamientos de los diferentes actores sociales, incluidas las personas en riesgo o situación de pobreza y exclusión: actores reflexivos, compitiendo en viejas y nuevas arenas, por recursos limitados.

 

Ciertamente, en este contexto, no resulta sencillo saber cómo responder al reto de la pobreza y la exclusión. Lo que sí resulta fácil es adivinar que no se trata de un asunto del que, de forma exclusiva o especial, se puedan encargar los servicios sociales.

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