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Fernando Fantova
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Agencia pública y privada en las políticas sociales

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Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen.)

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