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Orlando Milesi
Viernes, 1 de septiembre de 2017

América Latina busca nuevos caminos para combatir pobreza rural

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Expertos de América Latina advirtieron sobre el grave riesgo que significaría abandonar el combate al hambre que aún padecen 33 millones de habitantes de la región y propusieron nuevas alternativas y miradas que incluyen vincular la protección social con el crecimiento económico.

 

Más de 25 especialistas de alto nivel se reunieron en Santiago de Chile el 28 y 29 de agosto en el Taller de lanzamiento de una Alianza para eliminar la pobreza rural, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo Rural (Fida).

 

Tras debatir “propuestas concretas y factibles” para enfrentar el problema, anticiparon que llevarán en las próximas semanas sus iniciativas a los gobiernos de esta región que sobrepasa los 640 millones de habitantes.

 

“La Alianza es un colectivo que comenzó a generar conocimiento y propuestas y a interactuar con los distintos países de la región  para posicionar nuevamente el desafío de la pobreza rural”, planteó Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú y directora general del Instituto de Estudios Peruanos.

 

“Necesitamos una narrativa muy potente para poner a la eliminación de la pobreza rural como un tema de los países y de la región. Hoy es un desafío poco atractivo para muchos porque no se nota y los pobres rurales están allá lejos”, explicó la especialista a IPS.

 

Además, “han disminuido y entonces parece que no hay que ocuparse  de ellos. Pero es al revés. Sí hay que preocuparse porque (la pobreza rural) tiene consecuencias no solo  en la vida de los pobres sino en la economía de los países, en la desigualdad y en la posibilidad de crear países más integrados”, amplió.

 

La exministra peruana, quien redactará las conclusiones del Taller, subrayó que “hoy los pobres rurales no son los mismos de hace 20 años, por lo tanto las intervenciones para ayudarlos no pueden ser las mismas”.

 

“Se requieren políticas que lleguen a los distintos tipos de pobres rurales, en distintos territorios, pero que a la vez sean políticas muy inteligentes que permitan potenciar lo que ya  hay”, afirmó.

 

Según Trivelli, “hay  muchos programas sociales que llegan a las personas en pobreza en las zonas rurales, pero podemos añadirle un componente productivo o de desarrollo económico que permita usar la plataforma de protección social para dinamizar las oportunidades económicas de los pobres rurales”.

 

Alain de Janvry, del Departamento de Economía Agraria y de Recursos Naturales de la estadounidense Universidad de Berkeley,  reafirmó estas consideraciones con un ejemplo.

 

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”Hemos hecho un estudio de una transferencia que se hizo en México, después del NAFTA (sigla en inglés del Tratado de Libre  Comercio de América del Norte) y en compensación al bajo precio del maíz debido a la competencia importado desde Estados Unidos”, contó el académico a IPS.

 

“Se dio una transferencia  en efectivo a todo el mundo productor de maíz y granos básicos. Estas transferencias  eran específicamente a productores, al hombre jefe de familia que maneja una parcela. Hubo una multiplicación por dos: cada vez que se  le entregó un peso lo usaron para generar un segundo peso.  El segundo peso vino por la forma en que usaron el primer peso en una inversión productiva”, relató.

 

Según De Janvry, “el potencial que se está explorando es que la protección social puede tener impactos positivos en torno a iniciativas económicas y eventualmente a  generación de empleo, ingresos y crecimiento económico. Una estrategia de ganancia”.

 

”El contexto macrofiscal de la  región no es el más positivo. Claramente la disputa por recursos públicos  es cada vez más feroz, y por eso es muy importante  la narrativa”, reconoció Trivelli.

 

A su juicio, “tenemos que hacer un muy buen caso de por qué los gobiernos deben  invertir  en eliminar  la pobreza en vez de hacer un montón de otras cosas para las cuales también hay un montón  de grupos de interés y de presión”.

 

Durante el lanzamiento de la Alianza, Julio Berdegué, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe,  instó “a no bajar la guardia” en el combate a la pobreza en la región afirmando que el 27 por ciento de población rural en extrema pobreza “no es residual”.

 

“No podemos evadir la relación entre pobreza y desigualdad” aseveró, al recordar que la población más afectada por la pobreza extrema es la indígena, las mujeres  y los aislados territorialmente.

 

Berdegué calificó a la naciente Alianza como “un bien público regional que supera a FAO y el Fida”, que movilizará la riqueza y la experiencia de América Latina “para dar el mejor apoyo a los gobiernos de la región interactuando con ellos y sus organizaciones comprometidas con el fin de la pobreza rural”.

 

Mediante el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la región fue la primera del Sur en desarrollo en comprometerse a erradicar el hambre para el 2025, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pretenden alcanzar esa meta cinco años después a nivel mundial.

 

Lauren Phillips, especialista  en políticas públicas en el Fida, dijo a IPS que el trabajo junto a la FAO y otras instituciones que se integren en la Alianza “apunta a proponer soluciones mejores para la eliminación de la pobreza extrema en la región lo que es muy importante para las personas mismas”.

 

“Estamos pensando en focalizar algunas ideas claves donde ya existe evidencia sobre la posibilidad de las políticas públicas para lograr beneficios y también en algunos países”, aseguró.

 

Para Phillips, “tenemos que  pensar un poquito estratégicamente donde están  las posibilidades de  hacer mayor trabajo…tenemos que pensar también sobre la situación política de los países  y  donde tenemos evidencias de los cursos que necesitamos  para avanzar  en estas semanas”.

 

“Tenemos que pensar siempre en  lo que es realista y donde están las capacidades de los gobiernos”, insistió la experta.  “En algunos Estados sabemos que los gobiernos necesitan más apoyo técnico para lograr la implementación en particular de las políticas públicas”, detalló.

 

A su juicio, “es un grandísimo desafío que tenemos todas las regiones en desarrollo, también en América Latina. Quizás la capacidad de hacer estrategias existe, pero  implementarlas siempre es más difícil por la falta de recursos y de capacidades”.

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