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Fernando Fantova

Nuestra RGI, llena de futuro

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Nuestra Renta de Garantía de Ingresos y, en general, la política vasca de garantía de ingresos ha constituido una iniciativa pionera y, en algunos aspectos, excepcional en un contexto español en el que ha llamado y sigue llamando poderosamente la atención el limitado compromiso de la Administración central en lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la ciudadanía de unas rentas mínimas que hagan posible, en cualquier caso, nuestra subsistencia material. Aproximadamente la mitad de la inversión social en rentas mínimas que hacen las comunidades autónomas españolas es la del País Vasco.

 

Como han puesto de manifiesto trabajos de colegas como, por ejemplo, Luis Sanzo, Itziar Barrenkua, Joseba Zalakain, Arantza Orbegozo o Xabier Aierdi, nuestra Renta de Garantía de Ingresos tiene importantes aciertos de diseño (como, por ejemplo, los estímulos al empleo, el complemento de pensiones o su carácter de derecho subjetivo y partida ampliable) y un impacto notable en la superación de la pobreza (80.000 personas salen de la pobreza gracias a ella) y, en todo caso, en su mitigación. Hay pocas dudas acerca del papel determinante de la RGI en el mejor comportamiento del empleo y la economía vasca (comparándola con el resto de la española) en la última crisis económica.

 

El éxito de nuestra RGI, como sucede con todas las políticas públicas que funcionan, acarrea nuevos retos y exigencias de innovación que, en este caso, son fundamentalmente tres: En primer lugar, el perfeccionamiento en términos de alcance, universalidad y equidad, de modo que, por ejemplo, la RGI sea todavía más potente frente a la pobreza infantil, prioridad política de primer orden. En segundo lugar, que se gestione cada vez con más agilidad, de modo que sea mucho más fluida la entrada y la salida del programa (como demanda la dinámica laboral actual). Y, en tercer lugar, que se pueda mejorar la labor de activación que realizan los servicios de empleo y los servicios sociales para ayudarnos a las personas en nuestros itinerarios hacia la interacción comunitaria y el empleo remunerado (con la consiguiente reducción, en su caso, de los períodos en los que se necesita cobrar la RGI).

 

Posiblemente estos tres retos nos conducen, como en otros países, a una progresiva integración de la RGI en el sistema fiscal (como un impuesto negativo) de modo que nuestras Haciendas Forales vayan convirtiéndose en el sistema inteligente ante el que nos retratamos todas las personas, bien para pagar impuestos cuando nuestros ingresos así lo justifican o bien para recibir prestaciones en caso contrario. Esta conseguible reorganización y eficiencia administrativa, a la vez, permitirá a los servicios de empleo y a los servicios sociales concentrarse y especializarse en el acompañamiento profesional y la labor promotora que les permitirá ayudarnos a más personas a mejorar nuestra autonomía y competencias y contribuir a construir entornos comunitarios y laborales más inclusivos.

 

En cualquier caso, sean estos u otros los pasos que vayamos dando en el futuro de nuestra RGI y sean unos u otros los ritmos de mejora e innovación, como siempre nos dice Luis Sanzo, es fundamental no perder la conciencia acerca del valioso patrimonio político, económico, social y moral que la RGI representa en nuestra sociedad en lo tocante a su compromiso colectivo y compartido contra la pobreza injusta. Como herederas y constructoras de ese patrimonio, actuemos con responsabilidad, inteligencia y unidad para que siga siendo y sea cada vez más un instrumento útil y querido para nuestra sociedad.

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