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Unai Sordo

El discurso “deslaboralizador” de la RGI

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El Gobierno Vasco va a optar por desligar la cuantía de la RGI de la evolución del Salario Mínimo y vincularla este año al IPC. Esta decisión, supone incumplir los términos de la norma que el propio parlamento ha aprobado. Y supone una contradicción con la práctica de los últimos años, cuando la evolución del salario mínimo ha sido prácticamente plana.

 

Sin embargo lo que parecía un cambio de criterio oportunista para ahorrar el coste de revalorizar la RGI en función al salario mínimo para 2017 (+8%) en lugar del IPC (+1,5%), se está convirtiendo en una estrategia a medio plazo que pretende reformar de fondo la Renta de Garantía de Ingresos.

 

Si esto es así, hablamos de una medida de calado estratégico para el país que debiera ser negociada y consensuada con el tejido asociativo vasco, y de forma especial con los agentes sociales al ser un elemento de política social que se canaliza a través del Servicio Público de Empleo- Lanbide.

 

Es preocupante la recurrente afirmación de que la cuantía de la RGI puede desincentivar la búsqueda de empleo. Es cierto que en la medida que se aumente la cuantía de la RGI ésta se aproximará a los salarios más bajos que cada vez en más ocasiones pagan las empresas. Por tanto que si los salarios más bajos tienen una cuantía cercana a la Renta de Garantía de Ingresos, es probable que se desincentive que se acepten esos salarios.

 

La pregunta es ¿es eso malo? Uno de los efectos indirectos que puede y debe tener una prestación como la RGI es impulsar al alza salarios que no sirven para salir de los umbrales de la pobreza relativa. Pero ese impulso se deberá concretar en dos vías: una, la aproximación del Salario Mínimo Interprofesional al 60% del salario medio (como indica la Carta Social Europea) y otra, los convenios colectivos que suscriben sindicatos y patronales.

 

La mejor manera de que la RGI no interfiera en la creación de empleo es subiendo los salarios más bajos, no cuestionando la RGI.

 

Resulta contradictorio y digno de crítica que el Gobierno se vanaglorie continuamente de nuestros estándares de vida, comparando a Euskadi con los países más avanzados del mundo (octava “sociedad” en el Índice de Desarrollo Humano según anunciaba el Lehendakari Urkullu el pasado verano), y luego asuma la idea de que una renta garantizada (o un salario mínimo) son rigideces que desincentivan la creación de empleo, acercándose de ese modo a los postulados liberales que contribuyen al “desmontaje” del estado de bienestar.

 

El sistema de protección social y de forma singular la Renta de Garantía de Ingresos deben servir en primer lugar para paliar las situaciones de exclusión social y pobreza severa.

 

En segundo lugar pueden tener una función complementaria a otras rentas por ser insuficientes para alcanzar mínimos vitales, sin prejuicio de la lucha para que esas otras rentas (salarios, pensiones etc.) tengan sus propios cauces de mejora. En estos supuestos es necesario un escrupuloso control del fraude en el que podrían incurrir las empresas al derivar parte del coste salarial a estas rentas.

 

Además las rentas mínimas y rentas garantizadas van a jugar en el futuro, un papel en las transiciones de empleo así como en los itinerarios de empleo en procesos de difícil previsión como puedan ser los cambios tecnológicos o la digitalización de la economía que ofrecen retos y oportunidades, pero también riesgos y posibilidades de exclusión y fragmentación.

 

Las políticas de empleo y formación permanente a lo largo de toda la vida tienen un papel clave frente a ese riesgo de exclusión y fragmentación, obviamente. Pero las políticas de protección social, rentas y servicios públicos universales, también son claves para el futuro de la cohesión social.

 

Por todo esto resulta preocupante el discurso “deslaboralizador” de la RGI que repentinamente asume al Gobierno Vasco. Y más teniendo en cuenta que esta prestación está vinculada a la disposición de aceptar un empleo y se gestiona desde el Servicio Público de Empleo del Gobierno Vasco. Porque en efecto, la gran mayoría de los perceptores de RGI en condiciones de hacerlo, lo que buscan es acceder a un empleo digno que les garantice su autonomía vital.

 

Por todas estas cuestiones, el debate de la RGI debe tener una dimensión social amplia. Recordemos que su impulso partió de iniciativas sociales que terminaron cristalizando en actuaciones parlamentarias.

 

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